Buenos Aires, Argentina.- La rectitud argentina presentó el lunes la vicepresidente y ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en el caso de que investigara si durante su gobierno participó en operaciones de lavado de mosca atribuidas a un patrón relacionado.
El árbitro federal Sebastián Casanello tomó la osadía de arrinconar el discernimiento contra el líder peronista luego de denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Administración Federal de Ingresos Públicos dictaminó días detrás hacerlo tras coincidir con la fiscalía en la desidia de pruebas.
Con esta disposición -y teniendo en cuenta que la fiscalía en cuestión y los órganos estatales querellantes no presentarán petición de apelación- la incriminación queda en desenvolvimiento. Sin confiscación, el expresidente continúa siendo investigado en otros procesos por diversos delitos.
Fernández de Kirchner fue sentenciada en diciembre a seis primaveras de prisión e inhabilitación perpetua para cultivar cargos públicos por defraudar al Estado durante su mandato (2007-2105). El sentencia fue apelado por el vicepresidente, y su resolución quedaría en manos de la Corte Suprema por tiempo indeterminado.
El árbitro Casanello destacó que “frente a el pedido de sobreseimiento del fiscal y titular de la entusiasmo penal -acompañado de los demás órganos del Estado- la tarea del árbitro se limita a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad del pedido, que en el caso de especie se satisface.” A su vez, sintió que no podía ir más allá de lo que tiene el acusador.
El fiscal Guillermo Marijuan retiró días detrás la incriminación contra la vicepresidenta tras acoger un referencia de la Dirección de Auxilio Mutuo en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Con almohadilla en esta información -se limitó el magistrado en su resolución-, el fiscal pudo confirmar una reunión a finales de 2010 en la residencia presidencial donde se alojaba el patrón Lázaro Báez.
Báez, cercano al vicepresidente y patrón del sector de la construcción, condenado en 2021 a 10 primaveras de prisión por blanquear millones de dólares obtenidos de forma ilegal.
La sureña provincia de Santa Cruz, donde el patrón tenía sus operaciones y Fernández de Kirchner aún posee propiedades, fue ambiente de varios allanamientos ampliamente publicitados por los medios en medio de la investigación.
La investigación al expresidente fue un tramo de la causa que tuvo a Báez como principal imputado. En un principio no estaba entre los sospechosos pero en 2016 fue denunciada por la fiscal Marijuan, que la basó en la proclamación de rectificación de un financiero.
Sin confiscación, la fiscal subrayó a finales de mayo que no había obtenido pruebas suficientes para sustentar la incriminación original y que los múltiples contactos entre el expresidente y Báez no la hacían responsable de actos de lavado de mosca.
Báez recibió una sentencia de seis primaveras de prisión en el mismo discernimiento en el que fue condenado el vicepresidente. Por haberse beneficiario irregularmente de la asignación de 51 obras públicas con fondos nacionales en Santa Cruz.