Granada, España.- La Policía española detuvo a siete personas en las localidades de Granada y Almería (sur) y desarticuló una ordenamiento criminal dedicada a regularizar a mujeres extranjeras simulando casos de violencia de categoría.

La lado pagaba hasta mil euros (1.100 dólares) a hombres dispuestos a aceptar condenas por maltrato.

Según informó el cuerpo de seguridad, la operación Casamenteros permitió detener hasta el momento en diferentes municipios costeros a cuatro mujeres y tres hombres acusados de denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a ordenamiento criminal.

Los siete detenidos están vinculados a una red que simulaba episodios de violencia de género para conseguir permisos de residencia para las mujeres que se hacían acontecer por víctimas.

La ordenamiento se encargaba de inquirir tanto a posibles benefactoras como a potenciales agresores, siempre entre marroquíes en situación irregular.

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La investigación, desarrollada por varias brigadas policiales, comenzó cuando un hombre denunció que le habían prometido 3.000 euros por una falsa embestida física en sabido y no había cobrado esa cuantía.

Por esa simulación, el hombre había sido condenado por vía penal en un proceso rápido.

La investigación de esa denuncia permitió presentarse hasta la ordenamiento criminal, que cobraba a las falsas víctimas de violencia de categoría entre 4.000 y 6.000 euros (4.400-6.600 dólares).

La ordenamiento incluso captaba a los hombres, que recibían entre 500 y 1.000 euros (550-1.100 dólares) y tenían que aceptar una condena legislativo como autores de violencia de categoría contra su supuesta pareja, posteriormente de protagonizar una embestida física en un espacio sabido.

Durante la investigación se llevaron a lengua dos registros domiciliarios, en los que los agentes intervinieron monises en efectivo, documentos y resguardos de remisión de monises a Marruecos.

Permiso obtenidos de forma ilegal

Al menos diez mujeres extranjeras obtuvieron fraudulentamente un permiso de residencia reglamentario posteriormente de juicios rápidos que las convertían en víctimas de violencia machista, aunque ahora quedarán sin validez.

Los siete detenidos los pusieron a disposición legislativo y, de momento, se les ha prohibido salir de España.