El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dará el fallo hoy a las 6:00 de la tarde sobre el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción contra varios de los implicados en el caso Medusa, cuyo principal imputado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
La decisión fue adaptada por la magistrada Solanyi Vásquez, quien la mañana de este viernes conoció la revisión obligatoria de la medida coercitiva de presión preventiva que pesa contra Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonnathan Josel Rodríguez Imbert.
También, se les conoció la revisión de medida de coerción a Altagracia Guillén, exsubdirectora administrativa y financiera de la Procuraduría, Rafael Mercedes Marte, anterior encargado de contabilidad y a Jenny Marte, exencargada de proyectos, quienes guardan arresto domiciliario.
El otro implicado es Miguel José Moya quien guarda libertad bajo fianza.
Aplazan sin fecha revisión de coerción a Jean Alain y Forteza Ibarra
Mientras que en el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez y el Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de tecnología de la Procuraduría, este tribunal aplazó sin fecha el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción interpuesta a estos dos imputados, que consiste en prisión preventiva.
La magistrada Solangy Vázquez tomó la decisión tras acoger un pedimento de la jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción, Kenya Romero, quien sometió un recurso de apelación porque la defensa de los dos imputados la habían acusado de violar los derechos fundamentales de cliente cuando lo envió a la cárcel de Najayo a cumplir 18 meses de prisión preventiva.
Ante esto, hasta que no haya una decisión en la Corte de Apelación, el Cuarto Juzgado de Instrucción no podrá conocer la revisión obligatoria de la medida de coerción contra el exprocurador y al exdirctor del departamento de tecnología de la Procuraduría General de la República.
Acusación
El Ministerio Públco les imputa a los implicados la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Los procesados también enfrentan cargos de infracción sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
Además, les imputa cargos de soborno, lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.