Reiteran que su planteamiento frente a el Congreso de la República exige que los legisladores ejerzan la universidad de cuestionar a los funcionarios encargados de persecucion.

SANTO DOMINGO.- El abogado Romer Jiménez, parte de la defensa del viejo normal Adán Cáceres Silvestre, declaró este miércoles que en el caso de su defendido estamos asistiendo al establecimiento de una suerte de “terrorismo legal”.

Dijo que en los dos abriles de prudencia habían denunciado una serie de «violaciones» a los derechos de su cliente y una de las últimas fue que, al darle la espalda al imputado y a su defensa, la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional ha admitido como cargos alternos y subsidiarios una querella presentada por la Fundación Alfredo Novel contra Cáceres Silvestre, principal imputado en el expediente Coral.

“Estamos asistiendo al establecimiento de una especie de terrorismo legal, tenemos un fiscal legitimado frente a la población, entendemos que como ha respondido a un quejido de honestidad, lo que pasa es que se ha escudado en ese quejido de honestidad. honestidad y en esta persecución de la corrupción, violar reglas elementales del procedimiento penal», dijo Jiménez durante una entrevista televisiva.

Subrayó que llevan dos abriles recabando pruebas y haciendo todo lo que la ley les permite para estar listos para la audiencia preliminar y así relanzar sus ataques contra las acusaciones de la fiscalía, pero recién en abril pasado descubrieron la nueva delación de que no estaban notificado

“Esta delación se pedestal en una denuncia que fue interpuesta en octubre de 2021, es opinar, hace más de un año esta denuncia fue interpuesta por una fundación citación Alfredo Novel y fue entregada al Ministerio Notorio, quien tenía la obligación, el deber constitucional y en virtud del código de procedimiento penal, que nos entreguen de inmediato ese documento para que lo estudiemos y podamos defendernos en relación al mismo”, explicó.

En ese sentido, indicó que se acercaron a la Congreso de la República para que senadores y diputados ejerzan la universidad que les confiere la Constitución, de inquirir a los funcionarios responsables de esta persecución, tanto por este nuevo hecho como por otros, que el jurista denomina un completo catálogo de violaciones.

También dijo que están listos para asistir frente a los organismos internacionales de derechos humanos, en caso de que los tribunales y el Congreso no estén de acuerdo con ellos.

“Hemos obligado respeto a los derechos que tiene nuestro cliente como imputado, el Ministerio Notorio tiene derecho a realizar sus investigaciones, pero debe hacerlo cumpliendo con los parámetros establecidos por la Constitución de la República y por el código de procesal penal y precisamente en ese sentido que el Ministerio Notorio no ha jugado su papel frente a la sociedad”, dijo.