El Tribunal encontró méritos suficientes para aplicar medidas de coerción a los 25 imputados y resolver el caso enrevesado
SANTIAGO, RD.- El Ministerio Divulgado logró probar la dificultad de las imputaciones contra los 25 imputados por estafas transnacionales y múltiples delitos cibernéticos, procesados bajo la Operación Doscovery 2.0 y obtuvo medidas de coerción como lo había solicitado al togado de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, que sostuvo que halló méritos suficientes para, adicionalmente, resolver el proceso de tramitación compleja.
Atendiendo a esta solicitud y oportuno a la fortaleza de la investigación, el togado José Rafael D’ Asís ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva durante 12 meses contra Juan Rafael Parra Arias, Ramón Esterling Polanco Leclerc (CCR-Rafey); Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy William Urtarte (CCR-Vista al Valle), Leslie Agnes Succart González (CCR-Rafey Mujeres), Deuris Antonio Franco de la Cruz, Miguel Donaire Camilo Pérez (CCR-El Pinito); Hayler Andrés Olivarez Núñez, y Erick Donaire Peña Núñez (CCR-La Isleta).
En tanto que contra Arlin Josefina Rosa Rosario, se impuso el arresto domiciliario (basado en una solicitud del Ministerio Divulgado, por una condición de sanidad certificada), adicionalmente, el cuota de una fianza económica, prohibición a salir del país y presentación periódica el postrer viernes de cada mes.
El censor asimismo impuso el cuota de sendas garantías económicas, prohibición a salir del país y presentación periódica en contra de los procesados: Mélquido Rojas Arias, Glorisel Martínez Peralta, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Francheska Antigua Pérez, Mérido Antonio Guzmán Castro, Jonathan Ignacio Castro Güichardo, Luis Manuel Martínez, Amaury Joel Mesón, Waskar Canot Guzmán y/o Alexander Guzmán García, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla y Miguel Donaire Vásquez (Disla).
Las citadas medidas asimismo incluyen a Yenny Carolina Corniel Henríquez y Juana Yadirys Ventura Mesón.
El tribunal, que ha otorgado al Ministerio Divulgado un tiempo de ocho meses para presentar acto conclusivo y al ponderar en toda su extensión la medida, declaró el proceso de tramitación compleja.
El fiscal del Ministerio Público, Warlyn Alberto Tavárez, resaltó el defensa que recubre la investigación, probando, las imputaciones que, de modo provisional, ha indilgado a cada uno de los procesados. Dijo asimismo que prueba de la fortaleza de la investigación es la admisión de cargos que han hecho varios de los imputados.
El representante de la Fiscalía subrayó asimismo que estos imputados utilizaban todo tipo de maniobras engañosas para despojar de los medios económicos a las víctimas.
La estructura criminal que cometió numerosos delitos electrónicos, incluyendo la estafa, intimidación y usurpación de identidad fue desarticulada tras más de un año de investigación, estudio de evidencias, vigilancia e inteligencia, en medio de una operación del Ministerio Divulgado que integró, adicionalmente, a la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.
Los agravios
Además de la afectación económica sufrida por las cientos de personas envejecientes estafadas en los Estados Unidos, defraudadas con millones de dólares fruto de las estafas, los delitos cometidos por los integrantes de esta estructura constituyen un agravio a la imagen de República Dominicana, lo que a su vez lacera el turismo, una de las actividades principales en las que se sustenta la bienes franquista; afecta las relaciones de la nación con otros países, y supone un punto de quiebre para el futuro y la estabilidad de las familias que se les despoja de sus medios.
El víscera persecutor establece que uno de los imputados, Claudio Santana o Claudio Mercedes, arrestado en el proceso, fue deportado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por varios delitos cometidos en perjuicio de la reglamento de esa nación.
La Fiscalía desarrolló esta investigación en contra de estos ciberdelincuentes que eran propietarios y operadores de cuatro centros de llamadas o “call centers” clandestinos, que fueron allanados, secuestrando evidencias contundentes de los delitos imputados.
La Operación Discovery 2.0 se desarrolló con un equipo de oficiales e investigadores multidisciplinarios que incluyó a más de 26 fiscales, más de 230 agentes de la Policía Nacional y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Divulgado que se empleó en la coordinación operativa.