Cristina Fernández de Kirchner ha sumado el apoyo de tres presidentes de la región. El mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro y el boliviano Luis Arce firmaron este miércoles una carta de repudio a lo que consideraron una “injustificable persecución judicial” contra la vicepresidenta argentina. El texto dice que la solicitud de 12 años de cárcel por presunta corrupción presentada por un fiscal solo busca “apartar a Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”. Los presidentes avalan la tesis persecutoria esgrimida por el peronismo gobernante, pero dan un paso más allá. “Exigimos que se tomen en cuenta las conclusiones del Informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019 que cuestionaba la independencia de los magistrados y abogados involucrados” en las causas contra Kirchner, dice el texto, que lleva también la firma del presidente de Argentina, Alberto Fernández.

El fiscal Diego Luciani terminó el lunes la lectura de los alegatos en la llamada causa Vialidad, un expediente que investiga una presunta asociación ilícita creada por los Gobiernos kirchneristas para hacerse con parte del dinero de la obra pública. La acusación considera que al frente de esa asociación estaba Cristina Kirchner, secundada por su ministro de Obras Públicas, Julio de Vido, y el secretario de la misma cartera, José López. En la base de la pirámide colocó a Lázaro Báez, un empresario de la construcción que se hizo con el 80% de las obras de infraestructura de la provincia de Santa Cruz, cuna política de la expresidenta y su marido, el también expresidente Néstor Kirchner.

“El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales. En los últimos años, el poder judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido”, dice la carta firmada por los presidentes latinoamericanos. “La denominada causa Vialidad resulta emblemática. Allí, el tribunal negó a la vicepresidenta poder ampliar su declaración tras la petición del fiscal de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, vulnerando así el legítimo derecho a la defensa”, agrega. El tribunal negó a Kirchner la palabra por considerar que el pedido estaba fuera de tiempo.

La vicepresidenta decidió entonces dar sus argumentos en una conexión en vivo por redes sociales desde su despacho en el Senado. Dijo que el juicio que enfrenta es una “ficción” que busca atacar a “todo el peronismo”. Presentó además conversaciones entre José López, uno de los funcionarios de Obras Públicas imputado, y un empresario de la construcción vinculado al expresidente Mauricio Macri. Quiso mostrar así que López, encarcelado desde que intentase ocultar en un convento bolsos con nueve millones de dólares, actuaba a sus espaldas. Kirchner logró movilizar tras de sí a un peronismo que hasta ahora se encontraba dividido en múltiples corrientes internas. Sumó ahora a tres presidentes de la región.

La Casa Rosada quiso dar a la carta la mayor difusión posible y jugó a la sorpresa. Sin previo aviso, la vocera de Fernández, Gabriela Cerruti, convocó a los periodistas acreditados a la sala de prensa y leyó el texto sin aceptar preguntas. Los firmantes conforman un eje de Gobiernos progresistas que acaba de verse reforzado con la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia. Solo faltó que se sumase el chileno Gabriel Boric. Ha sido una novedad la exigencia de los jefes de Estado a que se tome en cuenta un informe de la ONU que hace tres años pidió al Gobierno de Mauricio Macri que atienda una serie de denuncias sobre “la independencia de los magistrados y abogados” argentinos.

La comisión trabajó en 2019 a pedido de tres organizaciones locales, entre ellas Iniciativa Justicia, integrada por el abogado defensor de Kirchner, Alberto Beraldi. El relator de la comisión, Diego García-Sayán, consideró que las denuncias recibidas eran “suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”.

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