- Espera que la corte acoja su petición de apelación y dicte tolerancia a motivo contra todos los acusados.
Santo Domingo, RD.- Al presentar este viernes su petición de apelación delante la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en contra del utilitario de no ha empleo dictado en el caso de Los Tres Brazos, el Ministerio Público se mostró confiado en que se revocará la audacia y se dictará tolerancia a motivo contra todos los acusados.
El exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fue destituido tras ser investigado por cometer irregularidades en el adiestramiento de sus funciones, dictó el utilitario de no ha empleo a valía de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), así como de otros 16 acusados por la traspaso ilegal del sector Los Tres Brazos.
Al objetar preguntas de la prensa sobre el petición de apelación, el fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que “el caso vergonzoso de corrupción debe ser discutido en un motivo”.
“En el día de hoy el Ministerio Divulgado presentó su petición de apelación en contra de la audacia que dio un utilitario de no ha empleo a los imputados del Caso de Los Tres Brazos”, detalló.
Nosotros pudimos demostrar al tribunal que la audacia que nosotros apelamos fue una audacia completamente injusta, contradictoria, ilógica y violatoria a lo que son las leyes y el oportuno proceso. Tenemos toda la seguridad de que una vez la corte de apelación examine nuestro petición y examine esa audacia no hay ninguna otra posibilidad que no sea dictar utilitario de tolerancia a motivo para que este caso vergonzoso de corrupción se discuta en un motivo que es a lo que aspira el Ministerio Divulgado y a lo que aspira la sociedad dominicana.
José Miguel Marmolejos, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Consideraciones de petición de apelación
Marmolejos adelantó que la semana próxima continúa la presentación del petición de apelación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y luego las réplicas de los imputados a los fortuna de apelación.
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional inició este viernes el conocimiento del petición de apelación interpuesto por el Ministerio Divulgado.
Los jueces Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás ordenaron el inicio de la audiencia a las 9:00 de la mañana.
El víscera acusador, representado por los procuradores fiscales José Miguel Marmolejos, Rosa Pichardo, Aurelio Valdez y Wagner Cubilete, presentó su petición. Aseguran que mediante este buscan despachar a los acusados a motivo.
Fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) establecieron que los involucrados en la trama enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
Emplazan audiencia
El tribunal fijó la próxima audiencia para el viernes 04 de agosto, a las 9:00 de la mañana.
El fiscal José Miguel Marmolejos luego de la expulsión del utilitario de no ha empleo calificó la audacia como “completamente divorciada” del Derecho, que no se corresponde con la delación formulada ni con las pruebas presentadas delante el tribunal.
Además de Leoncio Almánzar, en este caso están acusados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, ex consejero procesal, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
Igualmente, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L. Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L. Junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal capitalista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec. Los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella. Así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar. Esto, para aceptar dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Divulgado, encima, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.