Solo un 30 % de las expulsiones de policías, aun sea por hechos graves, van a parar a la justicia, reveló la periodista Addis Burgos durante una investigación en la que da cuenta que del 2017 a la fecha, unos 2,330 hombres y mujeres con entrenamiento de armas y acceso a información de inteligencia del Estado han sido expulsados por vínculos con delincuencia.
“El resto acaba en las calles desempleado y con gran vocación a dedicarse al crimen organizado, la delincuencia o a ser vigilantes privados… otro nicho de destino”, señaló la investigación presentada en su programa Desclasificados que se transmite por CDN, canal 37.
Burgos explicó que las bajas por delitos casi siempre tocan a los agentes de bajos rangos pese a que hay una gran percepción de que las cúpulas padecen esa misma corrupción. Un informe de Participación Ciudadana en 2016, arrojó que alrededor del 40 % de los policías no reciben consecuencias por haber cometido delitos.
“Para que haya consecuencia hay que denunciar y sabemos que hay una cifra negra que no se denuncia, por la causa que sea. Algunos no tienen confianza en ir a denunciar porque según dicen, cuando van a hacer la denuncia encuentran al que supuestamente le asaltó, sentado en el destacamento”, explicó Rosalía Sosa, miembro de la comisión de reforma policial y coordinadora de PC.
Problemas
Un peligro demostrado es la falta de criterio de reclutamiento, lo cual conlleva a expulsar personas con entrenamiento de armas y un conocimiento interno de las estructuras policiales que conseguirán delinquir con más facilidad, refiere el reportaje que tiene como base los datos suministrados por la Policía Nacional.
La actual crisis de reputación de los policiales hace crucial que Asuntos Internos dé seguimiento a las operaciones y comportamiento de los agentes, para evitar que el crimen organizado se apodere de las calles.
“Cuando las redes u organizaciones criminales pueden operar, es porque tienen aliados en el Estado. Eso no es una percepción, eso es una realidad”, destacó Sosa.
Datos sobre exagentes
De forma dominante la suerte de los policías sigue en manos del Consejo Superior Policial que en unas ocasiones envía a la justicia y en otras pese a igualdad de condiciones se limita a una baja.
La investigación detalla que en el año 2017 fueron expulsados 741 hombres y mujeres: 95 fueron retirados forzosamente por antigüedad, a 33 le fueron cancelados los nombramientos y 613 policías fueron expulsados ese año por delitos muy graves y justicia policial.
En el 2018 se mantiene la alta tasa de policías expulsados de la institución: 625 por haber cometido delitos y faltas graves, más que el anterior. En 2019, 497 fueron sacados de las filas policiales por delitos, crímenes y violaciones a la ley, la pandemia bajó ligeramente el número en 2020 a 390 y en lo que va del 2021 se ha dado de baja a 205 agentes informa la policía en datos solicitados para esta investigación.
Otro número importante de expolicías son los retirados forzosamente. En los últimos 5 años fueron expulsados forzosamente 365 altos oficiales.
“Hay que destacar que muchos de estos se producen con una vena política para sacar de circulación a policías competentes o de corrientes contrarias, como ocurrió en 2010 con 8 generales entre los cuales se encontraba el actual director de la policía Eduardo Alberto Then y aunque el retiro fue ilegal no consiguió reintegrarse sino hasta 5 años después producto de una tortuosa acción judicial”, refirió la periodista.
No todos son delincuentes
Pese a que las bajas policiales son promovidas como un acto de justicia muchos de ellos plantean fueron manchados por arbitrariedad de un superior y consideran que en sus casos poco hace la justicia. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) recibe anualmente un gran número de recursos de amparo y administrativos de suspensión de decisión con el cual buscan demostrar que fueron expulsados injustamente.
Es el caso de un recluta, de cuya identidad se hace reserva, quien fue dado de baja por la supuesta sustracción de 1,200 pesos y quien vio sus sueños tronchados, al negarse a recibir castigo físico que rayó en exceso y acceder a la extorsión de quien fuese su oficial superior.
Expresó que no se procedió a verificar los bultos para corroborar la alegada sustracción del dinero y el castigo consistía en correr cinco vueltas a la explanada con dos escopetas en mano, una mochila llena de hierro y una frisa.
“Él me dijo fue: ‘mira lo que vamos a hacer, ya tú tienes dos meses aquí, ya tú te vas a graduar horita en mayo, entonces mira lo que vamos a hacer: tú me vas a dar mil pesos cada vez que tu cobra. Tú me das mil pesos y yo no hago el informe que el coronel me dijo que haga’. Y yo, recluta al fin, accedí porque yo lo que no quiero es que me cancelen”, relató quien devengaba un salario de RD$8,000 y que recibía el “búscatela” como consejo cuando las especulaciones de cancelación se dispersaban.
Debilidad en Asuntos Internos
La crisis de reputación y el desacertado reclutamiento de policías han convertido la institución en las últimas décadas en una fábrica de delincuentes, pero no todos lo son, detalla la investigación que cuenta con testimonios de exagentes del orden que alegan haber sido cancelados por injusticias o arbitrariedades de un superior. Asuntos Internos como ente encargado de investigar los incidentes que ocurren dentro de la Policía, carece de componentes que son imprescindibles para desarrollar esta labor “Usted sabe que los jefes se tapan uno al otro. Después que yo agarré la droga, el tipo le pagó a ese oficial, entonces yo sabía esa información y él dijo: estos policías me van a meter al medio, entonces para que yo no hable me mandó a cancelar”, relató un joven expulsado supuestamente por insultar a un superior en las redes sociales pese a que meses atrás él había reportado que su cuenta había sido hackeada.