Los acusados ​​en el caso de malversación de fondos del Ministerio de Agricultura admitieron los hechos en la corte anejo con sus defensas técnicas, lo que demuestra la solidez de la investigación de la fiscalía.

SANTO DOMINGO, RD-. Este sábado, la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó el plazo de una aval económica de 500.000 pesos como medida de coacción contra Julio Enrique Domínguez y Antonio José Paredes Elizondo, imputados en la causa “Desfalco del Ministerio de Agricultura”.

La jueza Lisa Veras asimismo ordenó a los acusados ​​cumplir con la presentación periódica y la prohibición de salir del país sin autorización sumarial.

En relación con la referida audacia sumarial, el titular de la fiscalía especializada para la persecución de la corrupción administrativa (pecca), Wilson Camacho, señaló que:

“El compromiso de este Ministerio Conocido es perseguir la corrupción en todas sus manifestaciones y sin importar este tipo de decisiones, seguiremos haciendo nuestro trabajo, seguiremos persiguiendo la corrupción, sea pequeña, mediana o egregio”. Estas declaraciones las hizo luego de salir del chancillería donde se discutió la solicitud de medidas coercitivas en la referida causa “Pelado Ministerio de Agricultura”.

Camacho subrayó que la fiscalía seguirá asumiendo el compromiso de perseguir, investigar y arrostrar a la imparcialidad a quien robe plata del tesoro, «no importa si es un peso o 100 millones de dólares».

En ese sentido, agregó Camacho: nuestra responsabilidad es perseguir la corrupción, nuestra responsabilidad es que no haya impunidad y nuestro compromiso es no difundir el mensaje social de que el que poco roba poco o mínimo se lleva.

Al ser consultado sobre qué pruebas presentó el Ministerio Conocido al entendimiento, el fiscal adjunto precisó que adicionalmente de la admisión de los imputados, se presentaron los testimonios de personas que recibieron transferencias electrónicas y luego devolvieron al imputado principal en este entendimiento, así como todas las pruebas encontradas durante los allanamientos, documentación financiera adquirida con autorización sumarial.

«El fiscal presentó más de 100 pruebas al tribunal, lo que llevó a los acusados ​​a aprobar los hechos».

Camacho asimismo destacó la errata de tradición de los imputados, lo que debió conducir a la imposición de una medida coercitiva distinta a la impuesta, siendo idónea la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Conocido.

Además del titular de Pepca, la fiscalía estuvo representada por los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Yoneiby González y Aurelio Valdez.

El Ministerio Conocido ha presentado pruebas que vinculan a Domínguez Solano con la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, peculado, usurpación de funciones y concierto para delinquir.

Además, en violación de los artículos 5, 6 y 14 de la Ley núm. 53-07, contra los delitos y delitos de adhesión tecnología, así como el 66 de la Ley n. 631-16, para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.

En tanto, Antonio José Paredes Elizondo está imputado de violar el artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República; artículos 123, 124, 171 y 172 de la Código Penal. Asimismo, por la coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la ley número 53-07, contra los delitos y delitos de adhesión tecnología.